Hace más de 18 años las autoridades intentan combatir los hechos delictivos ocurridos en el transporte público. Con el paso de los años no lo lograron y cada vez aumenta más la inseguridad.
El medio de transporte público más usado por la sociedad es jaqueado por la inseguridad desde hace años, a pesar de que las autoridades buscan soluciones la situación cada vez es peor. La tarjeta magnética, la mayor cantidad de comandos en las calles rosarinas, el cambio de recorrido nocturno de los coches y el GPS (dispositivo de localización satelital) no son suficientes. Mientras se buscan nuevas medidas, los pasajeros y trabajadores del transporte urbano siguen siendo víctimas de la delincuencia.
Quizás la ineficiencia de las medidas de seguridad establecidas para los colectivos es la consecuencia de la mediocre solución propuesta por las autoridades para la inseguridad en general. Las medidas para combatir este fenómeno van al ritmo de los hechos delictivos. A partir de algún episodio relevante de inseguridad se implementa una nueva medida, pero nunca se previenen de ante mano. No se buscan soluciones definitivas, ya que el telón de fondo del problema es la pobreza y la exclusión social y estas medidas dejan marginadas a las periferias de la ciudad donde se concentra la mayor cantidad de población.
El 27 de marzo de 1997 en un asalto a mano armada a una unidad del transporte urbano murió el chofer Gabriel Albornoz. Su deceso conmovió a la ciudadanía y a quienes tenían poder para haber evitado el trágico suceso. Se toma conciencia que una vida humana puede más que un debate político estéril. A raíz de este suceso, el 12 de mayo de 1997 comenzó a regir el sistema por tarjeta magnética como único medio de pago en el transporte urbano para evitar robos a los choferes. Pero los actos de inseguridad siguieron.
Hace unos seis meses el gobierno de la ciudad puso en práctica la utilización del GPS. “Eso hace que el coche esté constantemente monitoreado desde una base central para conocer su ubicación”, manifestó Clara García, concejala por el bloque socialista y presidenta de la comisión de transporte público del concejo deliberante. Otras de las medidas que decidieron implementar para intentar combatir la delincuencia y la violencia, es el cambio de recorrido de algunas líneas que ingresan a “barrios peligrosos”, como ser el caso de Santa Lucia.
Es aquí el gran problema, ¿disminuir la inseguridad en colectivos o aumentar la exclusión social y generar más delincuencia? Clara García reconoció que el hecho de fondo tiene que ver con medidas de orden social en paralelo con medidas de seguridad tradicionales. Luego declaró: “fue producto de una de las mesas de diálogos con los vecinos en busca de una solución menos conflictiva posible, aun dentro de un escenario muy complejo” refiriéndose a este cambio de recorrido.
Mientras que Marcelo Gómez, concejal por el bloque socialista y presidente de la comisión de seguridad del concejo municipal dijo que este tema es una especie de cultivo generada por la marginalidad, por la pobreza, por la falta de empleos, la falta de oportunidades, y admitió que la posibilidad de hechos delictivos va más allá de las medidas implementadas. Pero a su vez respecto al cambio de recorrido de los coches en barrios marginales responde: “Se trata no de privarlos del servicio, sino de cambiar el recorrido brindándole un acompañamiento. La finalidad es no provocar una situación de inseguridad en nadie.”
La opinión y explicación de las autoridades es válida pero aun es más real la que brindan la población. Cecilia Monserrat, usuaria de la línea 122 y 145 vive en barrio Santa Lucia y asegura que el trasbordo que hacen como medida preventiva no sirve para nada, porque los riesgos son los mismos y además al ingresar solo una línea no brindan la oportunidad de ir a cualquier parte de la ciudad. Admite sentir miedo cuando viaja en el transporte urbano de pasajeros con su hija de tres años.
A pesar de todo lo que intenta hacer el gobierno municipal por combatir la inseguridad, la joven de 21 años, Cecilia Monserrat considera que el único método es ir mirando hacia todos lados y estar atenta. “Tome las medidas que tome de mucho no me va a servir si suben al colectivo y nos asaltan”, explicó Monserrat a La Rosarina. Esta última declaración denota lo desprotegida que se siente la gente cuando decide usar el transporte público y al mismo tiempo deja explicito la marginación y exclusión que sufren los vecinos de las periferias de Rosario, esas partes de la ciudad donde nadie quiere entrar pero existen.
Desde el Ente de Transporte de Rosario (ETR) realizaron encuestas en mayo de este año y cuando consultaron los motivos por los cuales el ciudadano utiliza el colectivo el resultado fue: el 62,1% para ir a trabajar; el 25,4% para estudiar y el 11,8 para ir al centro. Clara García considera que estructuralmente el país no ha cuidado adecuadamente en las últimas décadas valores tales como a cultura del trabajo, el completamiento de los estudios, una vivienda digna, la cohesión familiar y de pertenencia social y fundamentalmente el tema de las adicciones. Pero contradictoriamente con esas palabras, avala la medida de “seguridad” que les quita la posibilidad a aquellos que viven en barrios como Tablada o Santa Lucia de que puedan transportarse para trabajar o estudiar a donde se concentra la actividad de la ciudad.
Marcelo Villanueva (42), chofer de la línea 122 de Semtur también considera que hay que “cambiar las políticas” pero aclara que el problema no es ingresar a los barrios si no que hay que hacer un cambio desde la raíz y hay que darle un fin a las adicciones. Confesó a La Rosarina que por portación de cara más o menos se da cuenta si puede ser un ladrón y a veces directamente no frena en las paradas habilitadas. “Quizás me equivoco y realmente la persona va a trabajar pero por precaución no paro, según la zona lo voy manejando” dijo Villanueva. Asegura que en su trabajo se genera una paranoia constante, viven nerviosos arriba del coche y pensando todo el tiempo que lo van a robar. Él afirma que intenta protegerse y proteger a los que están a bordo del colectivo.
Por otro lado Guillermo Ruiz Díaz, jefe del comando radioeléctrico, contó que la medida más eficaz para accionar ante un hecho delictivo es la del GPS pero el problema es que no todos los coches cuentan con este sistema. También afirma que se detectan alrededor de diez casos por día de inseguridad en el transporte urbano de pasajeros y aclaró que este tipo de robos son considerados no solo dentro del vehículo si no desde que la persona espera el colectivo hasta que desciende de él.
